Coordinador Parental en Ronda

Si has llegado a esta Información, entiendo que tienes serios problemas relativos a la relación con tus hijos/as, a raíz de tu decisión de haberte divorciado. Y has pasado por un calvario de procedimientos civiles y penales, incluyendo denuncias falsas que han sido archivadas. Todos ellos, impedimentos del progenitor custodio para impedir tu desarrollo normal  con tus hijos/as, llegando incluso a anular  el vínculo afectivo  con los y las menores. Como somos conscientes de tu frustración, y no queremos aburrirte, te explicaremos de forma sintética cual es la función de un Coordinador Parental. El trabajo del Coordinador Parental se centra en salvaguardar el interés de los menores, cuando existe una relación conflictiva con los dos progenitores o con cualquiera de ellos, motivado por diversidades de conflictos. El Coordinador Parental analizará los factores de riesgo de la familia, el origen del conflicto, y en función de sus características, propondrá y asesorará al Juez , las medidas que deberá decretar en el procedimiento, para en aras al interés del menor , éste pueda restablecer el vínculo con aquel progenitor/ra que no tuviera relación sentimental.

En Europa esta figura no está regulada de forma expresa, existe una Recomendación 19/2006 a los Estados Miembros, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, dirigida al apoyo de políticas de parentalidad positiva. El Consejo de Europa ha generado iniciativas en las que se podría encuadrar la figura de Coordinación de parentalidad.

En este sentido las referencias normativas que amparan su aplicación serían:
A nivel estatal:

• Constitución Española (art. 39) consagra el principio de protección del menor o la menor.

• Ley 15/2005, de 8 de julio de modificación del Código Civil: establece la mediación como medio voluntario para resolver los conflictos familiares.

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor: consagra el principio de agilidad e inmediatez en los procedimientos que afecten a menores para evitarles perjuicios innecesarios.

• Ley 14/2010, de 27 de mayo de los derechos y Oportunidades de la Infancia y de la Adolescencia (arts. 38, 39, 81 y 116.3).

A nivel autonómico:
• Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 17).

• Ley 25/2010, de 29 de julio, Libro Segundo, del Código Civil de Cataluña, relativo a la Persona y la Familia: introduce como novedad el plan de parentalidad, con el objeto de prever los posibles enfrentamientos futuros entre los padres. Asimismo, permite que el Juez adopte las medidas necesarias para evitar cualquier situación de riesgo o peligro al menor.

• Ley de 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña.

A nivel internacional:
• Convención Universal de los Derechos del Niño (arts. 3.1 y 4).

• Convención Europea sobre Derechos del Menor [1996, aet.6 a)].

• Reglamento Europeo 2001/2003 y Convenios de La Haya (1980 y 1996).

También existen normas procesales como el art. 748 a 755 de Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, Lec) 1/2000, de 7 de enero, que van otorgando a los jueces un amplio margen de actuación de oficio cuando se trata de tomar medidas para evitar perjuicios a los menores, o bien para conocer la real situación familiar, que les permitan tomar las decisiones más adecuadas, entre las que se podría incluir la figura del coordinador parental, sobre la base del superior interés del menor que es el que siempre debe prevalecer teniendo en cuenta el caso concreto.

Hay que resaltar la labor de la Sección n.º 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Magistrado Pascual Ortuño. La STSJ de Cataluña 26 febrero 2015, que será considerada referente en esta materia, en su fundamento cuarto aclara el plano jurídico del coordinador parental presentándolo como “… un auxiliar o colaborador del juez en la implantación efectiva de las nuevas medidas con facultades de gestión del conflicto, de mediación, de reconducción de la familia hacia la normalización de una nueva situación en un clima pacífico que permita que en un tiempo razonable la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarlas. En algunos casos el coordinador parental puede tomar decisiones vinculantes para la familia. Se organiza bajo los principios de especialidad, neutralidad y confidencialidad salvo la información que deba darse al tribunal”.

Se considera apropiado la inclusión de la figura del coordinador parental en el ordenamiento jurídico estatal y siempre se deberá efectuar en un procedimiento de ejecución de resolución judicial, siendo la base jurídica el art. 158.2 CC a fin de apartar al menor de todo peligro o de evitarle perjuicios. Así lo propone también la STSJ de Cataluña 26 febrero 2015, antes citada, al disponer que ello se haga, pero sólo “… en los casos de grave conflicto y, por tanto, excepcionales, pero siempre acomodando su actuación en ejecución de sentencia a lo ordenado por los jueces”.

El alto grado de conflictividad interparental incide en el desarrollo de los hijos e hijas de forma negativa. Los tiempos cambian y las personas evolucionan con ellos, variando la idea que se tiene de familia y de situación familiar.

Actualmente se asocian las dificultades, a la forma en que se produce el divorcio. Un divorcio establecido por acuerdo mutuo donde todas las partes están satisfechas de las condiciones, no tiene por qué ocasionar consecuencias negativas en los hijos e hijas. Los divorcios que se convierten en una batalla entre los progenitores, pasan a ser una carga pesada también para sus hijos e hijas, generándoles consecuencias negativas. Este tipo de familias cuentan con múltiples denuncias, acumulan procedimientos judiciales abiertos y como consecuencia de este tipo de relación familiar aparecen los incumplimientos constantes en las medidas acordadas. Tanto la justicia como la mediación se les queda corta para dar respuestas a sus necesidades.

En legislaciones Autonómicas ya se empieza a hacerse referencia a la Coordinación de parentalidad como recurso de apoyo a estas familias. En España ha ido aumentando el número de sentencias que dictan la designación de personas que ejercen la Coordinación de parentalidad.

Las reformas legislativas actuales proporcionan el marco legal para defender el interés superior del menor y en casos de rupturas familiares, salvaguardar los intereses de menores facilitando unas relaciones de calidad con ambos progenitores y con su entorno. Además, se dota de recursos útiles para la prevención de las dificultades familiares y sociales.

Pero ¿cuáles son los beneficios de apostar por la Coordinación Parental? Los estudios indican que los conflictos graves entre progenitores ya sean disputas verbales, físicas, litigios persistentes, hostilidad, alejamiento de un progenitor, etc., ponen a los menores en riesgo, destruyen los beneficios que las relaciones parentales positivas pueden aportarles.
En los casos más difíciles, los jueces y las juezas a menudo recomiendan mediación, evaluaciones psicosociales o terapia, pero estos recursos suelen ser poco efectivos cuando los progenitores están atrapados en un conflicto crónico.
Las familias con divorcios de elevada conflictividad usan muchos servicios del tipo de protección de menores, mediación, consultas de expertos, mientras que paralelamente, inician numerosos procedimientos legales que suponen elevados costes para la sociedad y para la propia familia.

Cuando se habla de alta conflictividad se habla de acciones que implican provocación o ataques a otra persona, ya sea de forma física, verbal o gestual. Este tipo de reacciones son agresivas y puede acabar en violencia.

Detrás de una conducta agresiva o violenta suelen existir diferentes  motivos, pero generalmente se pueden identificar un grupo de factores de riesgo que pueden prever la situación de conflicto. Los tipos de factores de riesgo son los siguientes:

La mediación es el recurso que tradicionalmente se ha estado usando frente a conflictos familiares. Pero cuando el conflicto de cronifica , se enquista, escala permanentemente, la mediación no es útil. El Divorcio  supone una reorganización estructural importante de la familia. Esta transición suele durar hasta dos años, pero finalmente encuentran la estabilidad. En las familias usuarias de Coordinación de parentalidad los conflictos se han cronificado y la relación se ha judicializado. 

Los conflictos generados por el divorcio (rechazo, humillación o pérdida) interactúan con las vulnerabilidades de ambos progenitores, el consumo de sustancias y el abuso de alcohol y drogas, los trastornos de personalidad llamados dramáticos, emotivos o inestables (narcisista, antisocial, histriónico y límite). 

 Los factores contextuales añaden complejidad con la actuación de profesionales (psicólogos, abogados) e instituciones con quién estos progenitores contactan y buscan alianzas que pueden potenciar el conflicto y una vez en el proceso aumentar el desgaste emocional y la polarización de las posiciones. 

La asignación de una modalidad concreta de guarda y custodia, el régimen de comunicación y visitas establecido con el progenitor no custodio, hacen que la situación de conflicto se cronifique. La batalla legal se transforma en la pretensión de desprestigiar al otro progenitor para demostrar la propia idoneidad y conseguir una custodia exclusiva, ya que esto tendría como consecuencia la limitación de las relaciones de la otra parte con los hijos/as. La conflictividad entre los progenitores es un factor especialmente relevante para el bienestar de la familia.

Los progenitores pueden adoptar diferentes aptitudes sobre sus hijos/as, que generan consecuencias en los menores, ya que las situaciones que generan con su actitud conllevan un riesgo grave para el desarrollo emocional de los hijos/as, y favorecen  la aparición de alteraciones psicológicas en la infancia. Así , nos podemos encontrar , dependiendo del lugar que los hijos/as ocupan en el conflicto de sus progenitores:

Son esas habilidades que deben desarrollar y desplegar los padres y madres, personas cuidadoras, educadores o tutores legales, para cuidar y satisfacer las necesidades de los menores siempre de forma acorde al punto en el que se encuentren dentro de su desarrollo evolutivo ejerciendo una parentalidad competente.

Barudy y Dantagnan (2010) las agrupan en 5 bloques: 

• Necesidades nutritivas, de cuidado, de afecto y estimulación: Los padres y madres, no solo deben procurar alimentación, higiene, y proveer de ropa a sus hijos e hijas. También deben aportar estimulación sensorial, emocional y afectiva a fin de poder construir un espacio en el que los menores sientan seguridad.

• Necesidades educativas: Se debe proporcionar a los menores la posibilidad de pertenecer a un entorno social. Dotarlos de normas y reglas que le permitan establecer dinámicas sociales. Todo modelo educativo debe basarse en el afecto, la comunicación, la estimulación del desarrollo y la adquisición de autocontrol.

• Necesidades socializadoras: Los progenitores deben ayudar a los menores a construir su identidad personal y hacerlo dentro de un contexto social al que incorporarán hasta convertirlo en un miembro más de pleno derecho.

• Necesidades de protección: Los progenitores deben proteger a menores de aquellos elementos externos, sociales o familiares que puedan causarles daño o entorpecer su desarrollo.

• Trabajar la resiliencia: Los progenitores deben proporcionar contextos de desarrollo personal sano a los menores en los que puedan comportarse y experimentar como personas que aprenden, y se desarrollan, siempre dentro de las capacidades de las que dispongan los hijos e hijas en cada una de sus etapas evolutivas.  

La vida familiar, las crisis. A lo largo de la vida, las familias atraviesan por distintos tipos de crisis, ya sean evolutivas, inesperadas. Dichos cambios requieren un tiempo de adaptación para enfrentar nuevos desafíos, que forman parte del desarrollo de la vida normal. Para ello, será importantísimo los recursos

que tengan las familias, y sus las experiencias previas, que le servirán de guía para adaptarse a la nueva situación. Por lo que, el nivel de adaptación será diferente en cada familia.

 Las funciones que constituyen el ejercicio profesional de la Coordinación de Parentalidad son:

• Proteger y promover el bienestar integral de la infancia, adolescencia y personas con capacidad modificada judicialmente, en todos los aspectos psicológicos, físicos, educativos y sociales, cuando exista riesgo o certeza de una problemática familiar necesitada de este tipo de intervención.
• Detectar, prevenir y comunicar oportunamente al Juzgado riesgos o situaciones de maltrato, violencia de género y otras formas de violencia en el contexto familiar.
• Valorar el conflicto familiar y las necesidades de las personas menores de edad analizando las características, los sistemas, procesos y elementos que desarrollan y mantienen la conflictividad, identificando los impedimentos y problemas que obstaculizan una adecuada coparentalidad.
• Elaborar informes y documentos del desarrollo de la intervención.
• Detectar problemas psicológicos que afectan al proceso de la coordinación de parentalidad y derivar a profesionales de la psicología y/o psiquiatría, con la finalidad de que logren estabilidad psicoemocional psicológica, y poder continuar, si se considera oportuno, con la intervención.
• Desarrollar la función psicoeducativa, basándose en la evidencia científica, con la finalidad de:

  Responsabilizar a los progenitores o tutores respecto al desarrollo de las hijas e hijos. 

  Sensibilizar, a los progenitores o tutores sobre el impacto en los menores del conflicto interparental y de los comportamientos inadecuados de los progenitores o tutores. 

  Desarrollar el compromiso de los progenitores o tutores con la corresponsabilidad, la utilización de pautas educativas adecuadas a la etapa del desarrollo y, en general, con la Parentalidad Positiva. 

  Fomentar en los progenitores o tutores las habilidades parentales, comunicativas, de toma de decisiones y de resolución de conflictos. 

  Elaborar y/o implementar un plan de parentalidad, basado en la evidencia científica y/o restablecer las medidas judiciales. 

  Cooperar con los progenitores/tutores para gestionar los conflictos y comunicarse de manera constructiva. 

  Resolver desacuerdos y disputas con el objetivo del bienestar de las hijas e hijos. 

  Gestionar y ayudar a buscar soluciones a las dificultades relacionadas con la familia extensa, nuevas parejas u otras personas significativas.

  Coordinar con otros profesionales del ámbito social, jurídico, psicológico, de la salud, etc. que presten o hayan prestado servicios a la familia. Asimismo, cuando sea necesario, solicitar sesión al juez o la jueza y presentarle sugerencias y recomendaciones. 

  Favorecer, conciliar, arbitrar o recomendar soluciones en temas concretos relativos a las personas menores de edad, tomando como referencia la resolución judicial, en los casos en que los padres/madres/tutores/as no sean capaces de ponerse de acuerdo. 

  Realizar acciones preventivas y de orientación a los progenitores/tutores y a otros profesionales implicados, que eviten las escaladas de conflicto familiar y las situaciones consecuentes de afectación o desprotección de los hijos y las hijas.