INSTRUCCIÓN DE 20 OCTUBRE DE 2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA, SOBRE EL DERECHO DE OPCIÓN A LA
NACIONALIDAD ESPAÑOLA ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
OCTAVA DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. Madrid, 20 de octubre de 2022. –Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (B.O.E. de 20 de octubre)
establece, en su disposición adicional octava, la posibilidad de adquirir la nacionalidad
española para los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que
originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido
exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad
sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española; para los hijos e hijas
nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse
con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y para los hijos
e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su
nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la
presente Ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
La entrada en vigor de la disposición adicional citada ha llevado a este Centro Directivo,
en uso de las facultades que tiene atribuidas, a dictar mediante la presente Instrucción
las siguientes directrices sobre el ejercicio y alcance de este derecho, así como las
normas de procedimiento precisas para agilizar la tramitación de solicitudes en las
Oficinas del Registro Civil.
Las posibles dudas que se planteen a los Encargados de las Oficinas del Registro Civil
español en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada
disposición adicional octava, sobre los supuestos incluidos o excluidos de la misma, o
sobre los requisitos que deben reunir los solicitantes, se resolverán con arreglo al cuerpo
de doctrina que se contiene en las siguientes directrices:
Primera. –Conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de
octubre, podrán optar a la nacionalidad española:
a) Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que
originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber
sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e
identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
b) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su
nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la
Constitución de 1978.
c) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue
reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo
a lo dispuesto en la presente Ley o en la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre.
En todos los supuestos indicados, será necesario que los interesados formalicen la
declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sin perjuicio de la
posibilidad de prórroga de dicho plazo, por un año más, mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros.
Segunda. –La solicitud-declaración de opción se presentará por los interesados
ajustada a los modelos oficiales previstos en los anexos I, II, III y IV de esta Instrucción,
junto con la documentación acreditativa de los requisitos legales exigidos en cada caso.
Tercera. –La solicitud-declaración se presentará ante el Encargado de la Oficina
General o Consular del Registro Civil, que corresponda conforme a las reglas de
competencia para el ejercicio de la opción contenidas en el criterio III de la directriz
séptima de esta Instrucción.
Cuarta. –Los modelos de actas y diligencias quedan aprobados en los términos que
figuran en los anexos I a VII de esta Instrucción. Los asientos de inscripción de
nacimiento y nacionalidad se extenderán con sujeción a las normas registrales.
Quinta. –Excepto en su plazo especial, estas opciones quedan sometidas a las
condiciones exigidas por los artículos 20 y 23 del Código Civil. No obstante, la renuncia
a la nacionalidad anterior no será exigida en los supuestos contemplados en los
apartados a) y b) de la directriz primera de esta Instrucción.
En todo lo relativo a la opción por una vecindad civil común o foral, promesa o juramento
de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes, los Encargados de
las Oficinas del Registro Civil que formalicen el acta de opción habrán de tener en cuenta
los criterios y las consideraciones jurídicas que se contienen en esta Instrucción.
Sexta. –Las personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y
nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud
del artículo 20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de
octubre, podrán ahora acogerse igualmente a la opción contemplada en los dos
primeros supuestos de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, esto es,
apartados a) y b) de la directriz primera de esta Instrucción, a fin de obtener la
nacionalidad española de origen sobrevenida, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos, formalizando para ello una nueva declaración de opción durante el plazo
de vigencia de la citada disposición adicional.
Estos interesados estarán exentos de aportar la documentación ya presentada que
sirvió de base para obtener la nacionalidad española no originaria.
La solicitud de la nacionalidad española de origen, que deberán formular estos
interesados, se ajustará al modelo incorporado como anexo IV de esta Instrucción.
Séptima. –La aplicación de las anteriores directrices se sujetará a los siguientes
criterios:
I. Naturaleza y características del derecho de opción a la nacionalidad española.
La opción es un modo de adquirir la nacionalidad española que requiere la voluntad
expresa de la persona interesada, formulada ante el órgano o empleado público
designado en la Ley, en este caso los Encargados de las Oficinas del Registro Civil
español.
El artículo 20 del Código Civil configura el derecho a optar a la nacionalidad española
como un modo de adquisición derivativo. No obstante el legislador, en la regulación
contenida en disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, dispensó un
tratamiento jurídico más beneficioso, al atribuir la cualidad de español de origen a
quienes adquirieron la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en la citada
disposición, quedando dicha interpretación recogida en el criterio primero de la
Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado (actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública), sobre el
derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
Sin embargo, conviene aclarar que estas personas adquirieron, en virtud del ejercicio
del derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, la
nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida, esto es, una
nacionalidad cuya adquisición se produce en un momento posterior al nacimiento,
suponiendo esto que la condición de español de origen se ostenta y, en consecuencia,
produce efectos desde su adquisición.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su sentencia, de fecha 19 de
julio de 2022 (núm. de recurso 0001298/2018), disponiendo en su fundamento de
derecho segundo que “[…] Desde el momento en que optó por la nacionalidad española
al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, el progenitor del
recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero el título de su adquisición
no fue originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Por lo
tanto, a pesar de ser español de origen, no puede ser considerado originariamente
español, ya que el reconocimiento de la nacionalidad española en virtud de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 representa una forma derivativa de
nacionalidad española que tiene efectos desde su adquisición, sin carácter retroactivo”.
Por todo lo anterior y atendiendo a los precedentes históricos de la regulación contenidaen la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada,
a resultas de su tramitación parlamentaria, este Centro Directivo considera que se debe
aplicar la misma interpretación a quienes adquieran la nacionalidad española, en virtud
de lo dispuesto en los apartados a) y b) de la directriz primera de esta Instrucción, es
decir, se ha de considerar que adquieren la nacionalidad española de origen, pero
adquirida de forma sobrevenida, produciendo efectos desde su adquisición.
No obstante, debe darse una interpretación diferente a quienes adquieran la
nacionalidad española por encontrarse en el supuesto contemplado en el apartado c)
de la directriz primera de esta Instrucción, esto es, los hijos e hijas mayores de edad de
aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del
derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
La Instrucción de 4 de noviembre de 2008, disponía en su directriz sexta que “los hijos
menores de edad no emancipados de las personas que opten a la nacionalidad
española de origen en virtud de cualquiera de los dos apartados de la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, podrán optar, a su vez, por la nacionalidad
española no de origen, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil”, añadiendo a
continuación que “Por el contrario, los hijos mayores de edad de aquellas personas no
pueden ejercer esta opción, por no haber estado sujetos a la patria de un español, ni
tampoco pueden ejercer la opción del apartado 1 de la citada Disposición adicional”.
Lo anterior implica que los hijos menores de edad, de quienes adquirieron la
nacionalidad española por aplicación de la Ley 52/2007, no adquirieron de forma
automática la nacionalidad española de su progenitor, sino que la adquirieron en virtud
del ejercicio del derecho de opción, previsto en el artículo 20.1.a) del Código Civil, por
estar bajo la patria potestad de un español, adquiriendo, por tanto, la nacionalidad
española con carácter derivativo, cumpliendo para ello, sin excepciones, los requisitos
materiales y formales exigidos para que dicha adquisición sea válida, en particular los
establecidos en el artículo 23 del Código civil, incluyendo, en el caso de mayores de 14
años, la renuncia a su nacionalidad anterior.
En consecuencia, la opción regulada en la disposición adicional octava de la Ley
20/2022 presenta las siguientes características:
a) En los supuestos contemplados en los apartados a) y b) de la directriz primera
de esta Instrucción se atribuye la cualidad de español de origen, si bien adquirida
de forma sobrevenida, es decir, con efectos desde su adquisición, sin carácter
retroactivo, mientras que en el supuesto recogido en el apartado c) se atribuye
la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen.
b) El artículo 20.1.b) limita la posibilidad de optar a la nacionalidad española, al
excluir a descendientes de progenitores originariamente españoles que no
puedan probar su nacimiento en España, lo que no sucede en la presente
regulación.
c) Los tres supuestos contemplados en la disposición adicional octava contienen
un plazo de dos años contados desde la entrada en vigor de la precitada Ley,
que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del
Estado”. Dicho plazo podrá ser prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros.
d) En los supuestos contemplados en los apartados a) y b) de la directriz primera
de esta Instrucción no se requerirá la renuncia a la nacionalidad anterior en los
términos establecidos en el artículo 23 del Código Civil. No obstante, esta
renuncia sí se exigirá a quienes se encuentren en el supuesto c) de la citada
directriz, quedando a salvo de este requisito los naturales de países
mencionados en el apartado 1 del artículo 24 del Código Civil, los sefardíes
originarios de España y los ciudadanos de aquellos países que tengan suscrito
Convenio de doble nacionalidad con España.
Por otro lado, cabe destacar que la opción regulada en la disposición adicional octava
de la Ley 20/2022 presenta las siguientes notas comunes con la regulada en el artículo
20.1.b) del Código Civil:
a) En ninguna de las dos modalidades se exige un límite de edad para su ejercicio.
b) Para el ejercicio de la opción regulada en el artículo 20.1.b) del Código Civil y la
regulada en los supuestos relacionados en la disposición adicional octava
analizada, los interesados mayores de edad deben cumplir las condiciones
exigidas en los artículos 20 y 23 del Código Civil, salvo la renuncia a la
nacionalidad anterior en los supuestos contemplados en los apartados a) y b) de
la directriz primera de esta Instrucción.
II. Personas que pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española
reconocido por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
1º. Párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
Se establece que “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela,
que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber
sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad
sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la
nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.
Este apartado acoge a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después
de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española.
2º Apartado 1.a) de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
Se establece que, igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española “los hijos e hijas
nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse
con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.
Este apartado viene a reparar la discriminación sufrida por las mujeres españolas
casadas con extranjeros que, por aplicación de la legislación española en materia de
nacionalidad anterior a la Constitución Española de 1978, no podían transmitir dicha
nacionalidad a sus hijos.
Así, la pérdida de la nacionalidad española por matrimonio con extranjero venía
establecida en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, “la mujer casada
sigue la condición y nacionalidad de su marido” y en el artículo 23.3 del Código Civil en
la redacción por Ley de 15 de julio de 1954, al establecerse que perderá la nacionalidad
“la española que contraiga matrimonio con extranjero, si adquiere la nacionalidad de su
marido”, quedando, pues, patente la regla general de transmisión de la nacionalidad
española únicamente a través del padre. Solo a partir de la reforma del Código Civil de
1982 –anticipada por su propia eficacia normativa directa por la Constitución de 1978–
se comenzó a considerar españoles a los hijos de padre o madre españoles,
indistintamente.
3º Apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
Se establece que, igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española “Los hijos e hijas
mayores de edad a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del
derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre”.
Este apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, elimina la
limitación establecida en la regulación anterior, permitiendo el ejercicio del derecho de
opción a la nacionalidad española a los hijos e hijas mayores de edad de quienes les
fue reconocida la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Ley
52/2007 y también a los hijos e hijas mayores de edad de quienes opten a la
nacionalidad española de origen en virtud de la Ley 20/2022
III. Reglas de competencia para el ejercicio de la opción.
La declaración de opción a la nacionalidad española, así como el juramento o promesa
y, en su caso, la renuncia exigidos, serán formulados ante el Encargado de la Oficina
del Registro Civil del domicilio del optante, que procederá a su calificación y, en su caso,
a practicar la correspondiente inscripción, salvo que el optante haya nacido en el
territorio correspondiente a la demarcación de otra Oficina del Registro Civil, en cuyo
caso remitirá la solicitud y la documentación presentada a la Oficina del Registro Civil
correspondiente al nacimiento.
No obstante, en las Oficinas del Registro Civil en las que sea de aplicación la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se estará a lo dispuesto en la distribución de
competencias establecida en la “Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas
y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg,
a partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones
contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil” (BOE 23 de septiembre
de 2021).
IV. Reglas de procedimiento y documentación que debe aportarse.
1.Solicitud de ejercicio del derecho de opción.
a) La solicitud se realizará mediante los modelos normalizados que se adjuntan
como anexos I, II, III y IV de esta Instrucción.
Los interesados podrán obtener las solicitudes incorporadas a los Anexos I, II, III
y IV por vía telemática en las páginas web del Ministerio de Justicia y del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como por
vía presencial en las Oficinas de Registro Civil.
b) La solicitud deberá presentarse personalmente en el Registro Civil del domicilio
del interesado, junto con una fotocopia de dicha solicitud, que será sellada en el
registro civil y devuelta al interesado para que le sirva de justificación de haber
presentado en plazo la solicitud.
c) Si al presentarse la declaración de opción no se acreditan los requisitos exigidos,
el optante estará obligado a completar la prueba en el plazo de treinta días
naturales, contados desde el requerimiento que, a tal fin, se realice al interesado
por parte del Encargado de la correspondiente Oficina del Registro Civil, según
anexo VII de esta instrucción.
d) Los encargados de la Oficina General o Consular del Registro Civil que reciban
dichas solicitudes darán valor de acta al modelo oficial de solicitud-declaración
mediante la incorporación de una diligencia de autenticación, conforme al
modelo que figura en el anexo V, sin necesidad de que el interesado se
encuentre presente.
Esta diligencia podrá realizarse en el período de dos años de vigencia de la
Disposición adicional octava de la Ley 20/2022 –prorrogable por un año más en
virtud de Acuerdo de Consejo de Ministros-, o, incluso, en un momento posterior
al vencimiento del citado plazo y de su eventual prórroga, siempre que la
solicitud-declaración en modelo normalizado se hubiere presentado dentro de
dicho plazo o prórroga.
e) Si el Encargado del Registro Civil denegara la opción a la nacionalidad española
por no cumplir los requisitos que dispone la Ley 20/2022, se le notificará
formalmente al interesado, a los efectos de que pueda interponer el
correspondiente recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública del Ministerio de Justicia.
2. Documentación que deben aportar los interesados acompañando a la solicitud.
2.1. Documentación común para los tres apartados de la disposición adicional octava:
a) Documento que acredite la identidad del solicitante.
b) Certificación literal de nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil
local en que conste inscrita.
2.2. Documentación adicional para los supuestos del párrafo primero del apartado 1 de
la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
a) Certificación literal de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela del
solicitante, que originariamente hubieran sido españoles.
b) Si la solicitud se formula como nieto/a de abuelo/a originariamente español, se
aportará, además, certificación literal de nacimiento del padre o madre –el que
corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante.
c) La documentación que acredite la condición de exiliado del padre, madre, abuelo
o abuela a que se refiere el apartado 3 (Prueba de la condición de exiliado).
Las certificaciones registrales españolas a que se refiere este apartado podrán
solicitarse, a partir de la fecha de entrada en vigor de la disposición adicional octava,
mediante el propio modelo normalizado de solicitud de certificación literal de nacimiento
(Anexo VI) dirigido al Encargado de la Oficina del Registro Civil correspondiente, o por
vía telemática a través de la web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.es haciendo
constar expresamente que la certificación se solicita a los efectos de ejercicio del
derecho de opción previsto en la Ley 20/2022.
En los casos en que no exista inscripción de nacimiento de los padres o abuelos, el
interesado podrá aportar la partida de bautismo del archivo parroquial o diocesano, junto
con el certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el Registro
correspondiente. De igual modo, podrá promover el expediente de inscripción de
nacimiento fuera de plazo previsto en la legislación registral.
2.3 Documentación adicional para los supuestos del apartado 1.a) de la disposición
adicional octava de la Ley 20/2022.
a) Certificación literal de nacimiento de la madre española del solicitante.
b) Certificado literal de matrimonio de la madre con extranjero contraído antes
del 29 de diciembre de 1978, expedida por el Registro Civil en que conste
inscrito.
c) Para matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de
diciembre de 1978, ambos incluidos, deberá aportarse, además,
documentación que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del
marido y documento acreditativo de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio vigente en la fecha en que éstetuvo lugar. Estos dos documentos no serán necesarios cuando se trate de matrimonios formalizados antes del 5 de agosto de 1954, puesto que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria esto es, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de sumarido”.
2.4 Documentación adicional para los supuestos del apartado 1.b) de la disposición
adicional octava de la Ley 20/2022.
a) Certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre de los
solicitantes mayores de edad que opten a la nacionalidad española, al haberse
reconocido a sus progenitores la nacionalidad española de origen en virtud del
derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición adicional octava
de la Ley 20/2022 o en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre, cuando la solicitud se presente en un Registro Civil distinto a
aquel en el que se encuentra inscrito el nacimiento del padre o de la madre.
3. Prueba de la condición de exiliado
Los interesados en optar por la nacionalidad española según el párrafo primero del
apartado 1 de la Disposición adicional octava podrán acreditar la condición de exiliado
de su padre, madre, abuelo o abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes
documentos:
a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas
por la Administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí
sola el exilio.
b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y
de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los
refugiados españoles y a sus familias.
c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o
cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente
reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los
exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus
integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados
españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación
de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Los documentos numerados en los apartados b) y c) anteriores constituirán prueba del
exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:
1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.
2. Certificación del registro de matrícula del Consulado español.
3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en
el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de
nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras.
4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite
haber adquirido la nacionalidad de dicho país.
5. Documentación de la época del país de acogida en el que conste el año
de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de
transporte.
d) A los efectos del ejercicio del derecho de opción reconocido en el párrafo primero
del apartado 1 de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, se presumirá
la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España
entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, debiendo acreditarse,
en estos supuestos, la salida del territorio español mediante cualquiera de los
documentos enumerados en este punto.
e) Deberá acreditarse la condición de exiliado cuando la salida de España se
hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.
Finalmente, a salvo de lo dispuesto en los Tratados Internacionales, las certificaciones
registrales extranjeras, presentadas junto con la solicitud-declaración de opción de
cualquiera de los supuestos contemplados en la Disposición adicional octava de la
Ley 20/2022, deberán entregarse debidamente legalizadas y/o apostilladas. De igual
modo, deberá aportarse traducción oficial efectuada por órgano o funcionario
competente en caso de documentos no redactados en español.